La Sala despachó el proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el fin de mejorar la persecución penal.
El objetivo de la norma, que forma parte de la agenda de seguridad, es establecer una reforma integral del sistema penal, con miras a una aplicación real de las penas. Para ello, busca un aumento de las probabilidades de condena efectiva y una rebaja en las tasas de reincidencia. Todo esto, sin reducir garantías procesales ni afectar los mecanismos de resocialización existentes.
En el debate de la iniciativa, iniciada en una moción que vuelve a tercer trámite al Senado, se agregaron normas que modifican la Ley de responsabilidad penal adolescente con el fin de mejorar la persecución penal de delitos cometidos por menores.
En el debate en la Comisión de Constitución de la Cámara, el texto tuvo una serie de modificaciones. Entre ellas, se aprobó una indicación para normar la reformalización de imputados.
Dicha norma señala que, después de formalizada la investigación y hasta el cierre de ésta, el fiscal podrá modificar, complementar o sustituir los hechos que la integran, las veces que resulte necesario. Esto, junto con comunicar adecuadamente al imputado la investigación que se desarrolla en su contra.
Agrega que, una vez reformalizada la investigación, cualquiera de los intervinientes podrá pedir una ampliación del plazo de la investigación. Así, podrá solicitar al Ministerio Público las diligencias que considere necesario.
En la Cámara también se respaldó la norma que busca fortalecer la cooperación eficaz de condenados. El texto señala que el tribunal podrá reconocerla, aun cuando ella no fuese invocada por el fiscal. Todo esto, si durante el juicio se acredita que la persona cooperó con la investigación y existió un acuerdo de cooperación con el fiscal.
El objetivo de este cambio es fomentar la colaboración en la etapa de investigación. Además, la idea es no abrir espacios para que quienes son condenados busquen rebaja de penas una vez que el proceso penal haya avanzado.
Adicionalmente, se aprobó que el tribunal pueda destinar a los organismos policiales que correspondan los instrumentos tecnológicos decomisados. Esto, previa solicitud del Ministerio Público. En específico, se refiere a elementos decomisados en delitos de asociación ilícita o criminal establecidos en el Código Penal. Aquí se contemplan computadores, reproductores de imágenes o sonidos y otros similares.
De igual modo, el proyecto contiene una modificación para incluir a Gendarmería y a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante dentro de las instituciones a las que pueden destinarse recursos provenientes de decomisos.
La iniciativa, por otra parte, contempla una modificación a la Ley que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN (Ley 19.970). En ella se establece que, si un imputado formalizado por un crimen o simple delito se encuentra en situación migratoria irregular, el tribunal podrá disponer, previa solicitud del Ministerio Público, la incorporación de su huella genética en el registro.
Fuente: CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE
