La tasa que financiará la futura Autoridad del Cliente Financiero, una nueva agencia de supervisión que unificará los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias, va a ser modificada en el Congreso para aplicar un nuevo sistema que premiará a aquellos bancos que más acuerdos alcancen con sus clientes.
Inicialmente, el Gobierno propuso en su proyecto de ley una tasa fija de 250 euros que los bancos tendrían que abonar cada vez que el organismo acepte a trámite una reclamación de un cliente. Sin embargo, la idea provocó el rechazo de varios grupos parlamentarios y también una oposición feroz por parte del sector bancario.
Pero este martes, la ponencia de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso ha examinado una enmienda transaccional para cambiar este arancel. La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, lleva la firma del PNV, Junts, PP, Ciudadanos y el PDeCAT, y fuente parlamentarias aseguran que el PSOE ha dado su visto bueno para introducir el cambio en el proyecto de ley.
La nueva idea ya no será exigir 250 euros por reclamación, sino que la Autoridad Financiera cobrará una tasa anual por la actividad de resolución de reclamaciones y su cuantía dependerá de los costes directos e indirectos, incluidos los de carácter financiero, amortización de inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y desarrollo razonable de la actividad por cuya realización se exige la tasa.
Así, la tasa se fraccionará en dos partes. En una primera, al 40% de los gastos en que haya incurrido la Autoridad en el ejercicio anterior se aplicará el porcentaje que individualmente representan el número de las reclamaciones resueltas frente a cada una de las entidades en ese ejercicio sobre el número total de reclamaciones resueltas frente a todas las entidades.
Y al 60% restante se aplicará el porcentaje que individualmente representan el número de las resoluciones favorables al reclamante frente a cada una de las entidades en el ejercicio anterior sobre el número total de las resoluciones favorables al reclamante frente a todas las citadas entidades.
Es decir, sobre el 40% de los gastos se tendrá en cuenta las reclamaciones resueltas, mientras que en el 60% irá en función de las reclamaciones favorables al reclamante. Esto en la práctica, según explican fuentes parlamentarias a Europa Press, supone premiar a aquellos bancos que “mejor lo hacen” y “castigar” a aquellos que menos cumplen, al depender la mayor parte del abono de la tasa las reclamaciones que han sido favorables al reclamante y contrarias al banco.
La competencia para la gestión, liquidación y recaudación en periodo voluntaria de la tasa corresponderá a la propia Autoridad, llevándose a cabo su gestión recaudatoria en periodo ejecutivo por convenio por los órganos de recaudación de la Agencia Tributaria.
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