El año que viene se cumplirán 150 años desde que Julio Verne escribió La isla misteriosa anunciando que el agua (H2O) sería algún día el carburante del futuro, sustituyendo al carbón. Hoy en día empezamos a ver proyectos que convierten en realidad dicho pronóstico. El más relevante de todos es quizá la mega planta Neom Green Hydrogen en Arabia Saudita, proyecto en el que, desde White & Case, hemos participado como abogados en la financiación de 8,4 billones de dólares y que se convertirá en la instalación más grande del mundo integrando 4 gigavatios de energía solar y eólica para producir hasta 600 toneladas de hidrógeno libre y verde en 2026.
Por el camino, seguimos viendo noticias que animan a pensar que el sector del hidrógeno es una industria en la que España puede jugar un papel muy relevante.
Así, por ejemplo, la Comisión Europea acaba de incluir en el Listado de Proyectos de Interés Común el corredor H2Med, formado por una conexión entre Celorico da Beira en Portugal y Zamora en España (CelZa) — aunque, curiosamente, excluyendo el tramo gallego Guitiriz-Zamora que, sin embargo, se ubica en una de las zonas con más recursos hídricos — y una conexión marítima entre Barcelona y Marsella (BarMar), los primeros ejes de la Red Troncal Española de Hidrógeno asociada, y dos almacenamientos subterráneos de hidrógeno, entre otros proyectos.
Por otro lado, la Comisión Europea acaba también de convocar, a través del Banco Europeo de Hidrógeno, la primera subasta destinada a fomentar la producción de hidrógeno renovable en Europa: se repartirán 800 millones de euros entre las mejores ofertas que se presenten hasta el 8 de febrero de 2024 y que deberán proponer una prima de precio por kilogramo de hidrógeno renovable producido, hasta un límite máximo de 4,5 euros/kg. Esta subasta permitirá acercar el precio de producción del hidrógeno al precio que el mercado está dispuesto a pagar por él.
Aun así, todavía tenemos retos normativos pendientes antes de poder hablar de un mercado real del hidrógeno. En concreto, España tendrá que transponer la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a normas comunes para los mercados interiores del gas natural y los gases renovables y del hidrógeno (acompañada de un reglamento con el mismo objeto). Precisamente el pasado 28 de noviembre de 2023 se alcanzó un acuerdo sobre dicha propuesta de tal forma que será aprobada en la próxima primavera.
En esa directiva se pretenden poner los medios para desarrollar la infraestructura y los mercados específicos del hidrógeno de tal forma que la regulación del hidrógeno sea algo omnicomprensivo, que supere la limitada normativa vigente, donde el hidrógeno es actualmente regulado como un combustible y no como un nuevo vector energético.
Por su parte, la futura legislación específica española sobre el hidrógeno deberá, en primer lugar, dar seguridad y confianza al inversor. Los plazos de recuperación de las inversiones son largos y, por ello, la estabilidad regulatoria es clave. Además, es imprescindible que la normativa ayude a simplificar la tramitación de los proyectos para que los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para construir y operar las instalaciones se puedan obtener en tiempos razonables. Asimismo, dado que todavía no existe suficiente hidrógeno renovable en cantidades comercialmente viables, la nueva legislación deberá incentivar el crecimiento de la demanda como una alternativa eficiente y, desde luego, garantizar la competencia entre operadores, así como contener previsiones para facilitar tanto el mercado in situ como el mercado para la exportación
En definitiva, pocos países en el mundo se pueden comparar a España si analizamos las ventajas que tenemos para desarrollar una nueva industria potente en torno al hidrógeno: viento, sol, agua, ubicación y apoyo europeo. En nuestras manos está que se apruebe la normativa que facilite las inversiones y fomente este sector.
Ignacio Paz, socio de energía e infraestructuras en White & Case.
