Hace falta tener mayor transparencia dentro de un proyecto profesional, especialmente cuando se trata uno de pequeño tamaño como es el caso de las pymes. En ocasiones, hay comportamientos que son inadecuados e incluso ilegales, y es necesario dar la oportunidad a las personas que forman parte del proyecto de poder denunciarlo.
Por todo esto, desde el 1 de diciembre de este 2023, es decir, hace escasos días, es obligatorio tener un canal de denuncias que facilite a los empleados y miembros del proyecto tener una manera de dar a conocer las infracciones que se detecten.
Esto no es una decisión personal de cada empresa, sino que forma parte de la Ley 2/2023, que regula la protección de personas que informen sobre infracciones y la lucha contra la corrupción.
¿Qué tipo de infracciones se pueden dar a conocer mediante el canal de denuncias?
Es bastante frecuente que dentro del ámbito laboral de un proyecto concreto, sucedan cosas que no están bien. Comportamientos que no se ajustan a la ley, como una jornada laboral que no se refleja en los contratos, como un trato inadecuado hacia personas que forman parte de la empresa o como poca transparencia a la hora de relacionarse con algunas otras entidades.
Es por esto que se creó la idea de que cualquier lugar donde hay diferentes empleados que forman parte de un proyecto, tenga un canal de denuncias para que quien lo necesite pueda dar a conocer su situación, sin tener que exponerse al resto del personal.
Independientemente a su nivel de responsabilidad dentro de la empresa, y así lo dice textualmente la ley, todo el mundo tiene derecho a un fácil acceso a este canal, que asegure que sus necesidades y problemas con respecto al funcionamiento general son atendidos.
De manera general, podemos hablar de dos tipos de infracciones distintas que pueden ser denunciadas a través de este nuevo método: por un lado, las infracciones administrativas, que pueden ir desde la apropiación indebida de fondos públicos hasta la falsificación de documentos. Por el otro, las infracciones penales, que pueden tener que ver con casos de acoso sexual, corrupción o fraude, entre otras muchas cosas.
Este tipo de denuncias filtradas mediante el canal creado por la propia empresa, no son recibidas, evidentemente, por la propia dirección. Sino que irán a parar a lo que se conoce como Autoridad Independiente de Protección del Informante, que es un organismo externo que garantizará la autonomía en este proceso, y, por supuesto, el anonimato del denunciante, para que pueda sentirse seguro a la hora de tomar esta decisión.
Requisitos para que un canal de denuncias sea válido
Con el objetivo de promover la integridad y la transparencia en las empresas en general, y las pymes en particular, se ha creado esta idea del canal de denuncias. Pero no es un tema que pueda llevarse de forma autónoma por parte de la dirección de cada proyecto, sino que tiene que cumplir una serie de requisitos:
En primer lugar, y esto es importante, es un sistema completamente obligatorio para, al menos, las empresas que tengan más de cincuenta trabajadores. También es aconsejable para el resto de empresas, en cualquier caso.
En segundo lugar debe ser un sistema accesible para todo el mundo, es decir, fácil de usar y óptimo para cualquiera que detecte una irregularidad en un momento dado, y pueda usarlo rápidamente y sin ayuda. Además, y esto ya ha sido nombrado, debe de garantizar la absoluta confidencialidad, para que aquel que lo use no se exponga a amenazas o cualquier tipo de problema con el el resto de personas que forman parte del proyecto.
Como ha empezado a ser obligatorio a partir de 1 de diciembre, en los primeros momentos, al menos, deberá haber una persona responsable de enseñar al resto de la empresa cómo se utiliza, y a quien recurrir en el caso de que hubiese algún tipo de problema. La idea es, igualmente, que sea tan sencillo y manejable que las personas que opten por denunciar algo, no tengan que recurrir a otros para poder hacerlo.
El objetivo de este sistema, y de todo lo que engloba la ley que ha aprobado el gobierno en este último año, es garantizar la ética y el cumplimiento de la ley en todas las empresas. Y que, por supuesto, si alguien se está viendo directamente perjudicado por algún tipo de práctica irregular, tenga opción de hacerlo saber sin exponerse a perder su trabajo, como ha sucedido durante mucho tiempo.