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Ayer fue aprobada, en su cuarto y último debate, la ‘Ley contra el ruido’, esta incluye diversas medidas para abordar la problemática del ruido de manera integral.
Según se estipula, se busca definir principios y competencias que permitan gestionar, mitigar y controlar los impactos negativos del ruido en la población y el ambiente. Lo anterior implica establecer un marco claro que oriente las acciones de las diferentes entidades responsables.
Entre los puntos más destacados se encuentra que propone fijar lineamientos específicos para la formulación de una Política de Calidad Acústica, asignando responsabilidades claras a las instituciones competentes.
También se propone el desarrollo de estrategias interinstitucionales que fortalezcan la gestión de la contaminación acústica. Esto mejoraría la cooperación entre diferentes niveles de gobierno, sector privado y ciudadanía, asegurando una respuesta más articulada y eficiente ante este problema.
Sin embargo, uno de los aspectos más importantes es que se propone crear una Política de Calidad Acústica, que tiene como objetivo reducir los niveles de ruido en Colombia, creando un entorno más saludable y tranquilo.
En términos legislativos, se busca desarrollar una estrategia que unifique las normas existentes e identifique la necesidad de nuevas reglamentaciones, a través de una coordinación efectiva entre todas las entidades.
Así las cosas, los ministerios de salud, ambiente, transporte, vivienda, justicia, defensa, cultura y trabajo, entre otros, tendrán responsabilidades específicas para garantizar que se lleve a cabo el cometido de la ley.
En este sentido no solo se busca brindar las herramientas, los lineamientos y definir las acciones para la formulación, la implementación y la evaluación de esta política pública, la cual busca no solo garantizar el bienestar de las personas y de los ecosistemas a través de un ambiente libre de los impactos nocivos del ruido, sino además establecer los mecanismos jurídicos para el control del ruido.
De acuerdo con el documento del equipo del ponente Daniel Carvalho, se busca “establecer los mecanismos jurídicos para el control de la emisión de sonidos y vibraciones de las actividades económicas, industria, comercio y servicio; así como las desarrolladas en el espacio público como las culturales, turísticas, aprovechamiento económico, deportivas, etc.; para el restablecimiento del orden público; dirimir los conflictos del uso de suelo y de convivencia en el país por la problemática del ruido”.
Fortalecerá entonces las herramientas técnicas y jurídicas para hacer efectiva la Ley 1801 de 2016, conocido como el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, o aquella que la modifique o sustituya.
