Más de 4.500 afectados por la DANA en la provincia de Valencia se han acogido a las bajas extraordinarias por incapacidad temporal por daños físicos o psicológicos creadas por el Gobierno como parte de los paquetes de ayudas a los damnificados.
En concreto, según ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hasta el momento se han registrado 4.564 bajas médicas extraordinarias, de las que el 93% han sido concedidas a trabajadores por cuenta ajena y el 7% a autónomos.
Esta incapacidad temporal extraordinaria se asimila a las derivadas de accidente de trabajo, lo que garantiza desde el primer día el 75% del salario. Además, en estas bajas laborales no se exige periodo mínimo de cotización.
Los partes de baja laboral se comunican por parte de los facultativos médicos de los Servicios Públicos de Salud (médico de atención primaria) y el Gobierno central ha ampliado el plazo de solicitud hasta el 31 de diciembre.
Sumando esta medida extraordinaria al resto de ayudas puestas en marcha desde el Ministerio que dirige Elma Saiz (cese de actividad, revalorización adicional de pensiones mínimas e Ingreso Mínimo Vital y ERTEs de fuerza mayor), el total de trabajadores protegidos en el ámbito de la Seguridad Social supera hasta el momento las 85.000 personas en Valencia.
Medidas puestas en marcha
Al cumplirse poco más de un mes desde la DANA que afectó a más de 70 municipios valencianos, el Ministerio ha hecho balance de las ayudas puestas en marcha desde su Departamento.
Así, recuerda que las pensiones por incapacidad permanente, viudedad y orfandad causadas por la DANA, incluidas las de Clases Pasivas del Estado, también se han asimilado a accidentes de trabajo, por lo que han visto aumentadas su cuantía y mejoradas sus condiciones.
Además, en la nómina de noviembre, las casi 45.000 personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las casi 11.000 con pensiones no contributivas de los municipios gravemente afectados por la DANA ya han visto incrementada un 15% su prestación.
Junto a ello, el complemento de ayuda a la infancia ha subido un 30% en los cerca de 10.350 hogares que lo perciben en las zonas afectadas. El aumento de las prestaciones se ha llevado a cabo de oficio, sin que los beneficiarios tuvieran que hacer ningún trámite. Esta medida se va a mantener, al menos, tres meses.
También se ha facilitado la solicitud del IMV, que ya han visto concedidas 996 familias. En este sentido, se va a poder solicitar desde el 1 de enero el IMV por pobreza sobrevenida (en situaciones normales no se podría hasta abril) y se tendrán en cuenta los ingresos de los tres meses anteriores.
Más de 4.000 autónomos protegidos por cese de actividad
Asimismo, la prestación por cese de actividad mejorada que el Ministerio activó para los autónomos cuyos negocios se han visto afectados directamente por la DANA se ha concedido, por el momento, a 4.134 autónomos, que además han sido exonerados del pago de las cuotas a la Seguridad Social.
Los autónomos afectados pueden acceder a esta prestación, del 70% de su base de cotización, incluso si no cumplen con el periodo mínimo de carencia (habitualmente 12 meses). Además, ese tiempo les va a contar como cotizado a efectos de pensión, pero no de cara a futuros cese de actividad.
También se ha contemplado una modalidad parcial para los trabajadores autónomos que no han tenido que cerrar su negocio, pero sí han visto muy afectada su actividad. Estos trabajadores podrán compatibilizar esta prestación, equivalente al 50% de su base de cotización, con su actividad laboral. Como novedad, también podrán acceder aquellos autónomos que estuvieran acogidos a la “tarifa plana”.
ERTE por fuerza mayor y aplazamientos en el pago de cotizaciones
Otra medida puesta en marcha por el Gobierno y que también compete a la Seguridad Social son los ERTE por fuerza mayor ampliados a los que pueden acogerse empresas afectadas directa o indirectamente por la DANA, estén o no situadas en los municipios afectados.
En esta situación están en este momento 2.882 empresas y 30.417 trabajadores en ERTE, según los datos facilitados por la Consejería Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Comunidad Valenciana y remitidos al Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Cuando una empresa tiene a sus trabajadores en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo de estas características se beneficia de una exoneración de la cotización de los trabajadores del 100% y no del 90% como en los casos ordinarios de fuerza mayor. Es decir, estas empresas no tienen que pagar las cotizaciones de la Seguridad Social de sus trabajadores durante el tiempo que se mantenga el ERTE. Asimismo, para los trabajadores incluidos en el ERTE este tiempo va a contar como cotizado a efectos de futuras prestaciones.
Además, para proteger el tejido productivo, el Ministerio ha dado facilidades en los pagos a la Seguridad Social, con la suspensión y/ampliación de plazos, así como en la solicitud de bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.
Para las empresas que continúen su actividad, existe la posibilidad de solicitar aplazamientos durante los próximos cuatro meses a un tipo de interés muy reducido, del 0,5%, o moratorias a un año a interés 0 del pago de cotizaciones sociales.
Por otro lado, entre las medidas aprobadas se incluye que los titulares de planes de pensiones afectados por la DANA pueden retirar sus fondos de forma inmediata hasta un máximo de 10.800 euros, con el objetivo de que puedan disponer de liquidez.
Esto se extiende a partícipes de planes de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social.
Las ayudas no computarán como ingresos para futuras prestaciones
En el último decreto de ayudas, aprobado el pasado 28 de noviembre, se establece además que las ayudas por la DANA no computarán como ingresos a efectos de solicitar otras prestaciones en el futuro, para evitar que estas ayudas puedan suponer un impedimento para el reconocimiento de otros derechos, como las pensiones no contributivas, los complementos a mínimos, las prestaciones familiares o el Ingreso Mínimo Vital.
“No queremos que la solicitud de esta ayuda necesaria sea una preocupación extra para quienes la necesitan”, ha dicho la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en un comunicado.
