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Entre las condenas que más polémica generan se encuentra la extradición. Esta es una herramienta penal que busca hacer frente a la criminalidad internacional.
En el país, alrededor de 300 personas son extraditadas cada año y el proceso se rige bajo por los artículos 490 a 514 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, cabe resaltar que la aplicación de estas normas puede variar según los tratados internacionales vigentes con los países solicitantes.
Este fenómeno se ha dado con figuras reconocidas y casos altamente debatidos como Carlos Enrique Lehder, Fabio Ochoa y Salvatore Mancuso. Uno de los más recientes se trata de visto la extradición de John Freddy Zapata, alias Messi, por su colaboración con la DEA, y Jhonatan Andrés Samboní Ruiz, alias Tyson, implicado en el tráfico de cocaína durante la pandemia del Covid-19.
Si bien la mayoría de los extraditados cometieron delitos que tienen que ver con narcotráfico, lo cierto es que la extradición también abarca delitos no relacionados con las drogas, como ocurrió con empresario Carlos Mattos, extraditado desde España en 2021 por corrupción, o incluso la diseñadora Nancy González, extraditada a Estados Unidos en 2022 por tráfico ilegal de especies silvestres.
De acuerdo con Jacques Simhon, Socio de CMS Rodríguez-Azuero, este proceso puede involucrar una amplia gama de delitos, desde injurias hasta delitos financieros internacionales. En Colombia, el experto explicó que este “extradición se considera mayormente administrativo y se limita a verificar el cumplimiento de ciertos requisitos. Sin embargo, esta simplificación puede comprometer las garantías legales de los individuos afectados“.
El experto indicó además que cuando Colombia no posee un tratado específico con un país solicitante, como es el caso con Estados Unidos, se aplican entonces las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Por lo anterior, con países como Reino Unido, España y Bélgica, se siguen los términos de los tratados internacionales respectivos y de allí “esta variabilidad en la aplicación introduce una complejidad adicional en los procedimientos de extradición”.
Retos de la extradición en Colombia
En términos de desafíos, Simhon afirmó que aunque el proceso es esencialmente administrativo, se han señalado en varias oportunidades deficiencias en la protección de los derechos de los extraditados.
“La falta de seguimiento después de la extradición y la ausencia de mecanismos para garantizar el respeto a los derechos fundamentales en el país receptor han sido temas de preocupación“, puntualizó el experto.
Ante este panorama, Simhon resaltó que es esencial que el análisis no se limite a una simple verificación de requisitos, sino que considere aspectos cruciales como las penas potenciales y las garantías de derechos humanos. Asimismo, “se sugiere suspender las extradiciones hacia países que no cumplan con las garantías estipuladas en los tratados internacionales”.
