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La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, emitió once recomendaciones para asegurar el respeto a los derechos fundamentales durante el paro de transportadores, que ha afectado a 107 municipios en 19 departamentos.
La entidad subrayó la necesidad de que las protestas se realicen pacíficamente y sin causar perjuicios desproporcionados a la ciudadanía. Entre las sugerencias destacan la protección del derecho a la protesta sin comprometer la seguridad de quienes no participan y la libre circulación de ambulancias, personal médico, transporte escolar, buses intermunicipales y transporte público.
Además, enfatizó la importancia de permitir el paso de camiones de alimentos e insumos básicos para evitar desabastecimientos, y la recolección de basuras para prevenir problemas de salud pública. También, se instó a mantener un diálogo continuo para evitar conflictos y promover soluciones pacíficas.
La Defensoría pidió que las manifestaciones sean pacíficas, sin riesgos para personas o bienes, y que el uso de materiales de protesta, como megáfonos y pancartas, se realice de forma segura. Las protestas deben cumplir con objetivos lícitos y respetar la Constitución y las leyes, sin promover mensajes de odio.
Hasta ahora, el diálogo entre el Gobierno y los transportadores no ha logrado un acuerdo. La propuesta del Gobierno de suspender incrementos adicionales al Acpm fue rechazada y se sigue buscando una solución al conflicto, que ha empeorado con la participación de motociclistas en algunas áreas, incluida la capital.
